Un comunicado de la Coordinadora por una Vida Sin Agrotóxicos en Entre Ríos, Basta es Basta, manifiesta la preocupación de la comunidad “ante el retroceso que significa para la democracia, la salud, el ambiente y la producción; los lineamientos propuestos por el Ministerio de Producción de Entre Ríos a la Legislatura, para un proyecto de ley de “Buenas Prácticas Agrícolas”, ya que no considera el uso de Agrotóxicos (Agroquímicos o Biocidas) como una actividad peligrosa y pretende perpetuar la falta de registro y controles ambiental sobre esta actividad peligrosa o bien muy peligrosa”.
“En términos democráticos, queremos expresar que dentro de los consensos aludidos tanto por el Ministerio como por los legisladores, no está contemplada la voz de las poblaciones afectadas que vienen rechazando el modelo de uso masivo de agrotóxicos de manera sistemática desde hace décadas. No hemos sido convocados a opinar en este debate ni las organizaciones ambientales, ni las instituciones científicas que denunciamos el uso de agrotóxicos como una actividad peligrosa o muy peligrosa para el ambiente y la salud. En cambio se avanzó con un texto redactado por la Mesa de Enlace al Ministerio de Producción. Justamente la parte interesada en seguir fumigando sin control, registro, ni principio precautorio”.
“En el año 2017, los entonces legisladores Giano y Torres presentaron un proyecto de ley que tampoco consideraba el uso de agrotóxicos como actividad peligrosa excluyendo asi los requerimientos minimos del derecho y gestión ambiental. Este proyecto tuvo un amplio y consensuado rechazo, hubo movilizaciones en muchas localidades entrerrianas, numerosos grupos de personas en rechazo a este proyecto, movilización que culminó en un gran encuentro en la ciudad de Vilaguay donde se presentaron pruebas contundentes por parte de las organizaciones socioambientales, la ciencia digna y sociedad civil.
En ese momento, un proyecto (el de la Mesa de Enlace) con líneas similares al actual decreto ley de la dictadura militar del año 1981 (actual ley provincial de plagicidas), enmascarado de “superador”, fue cuestionado por vecinos aledaños a campos, docentes, agricultorxs, ganaderxs, organizaciones de apicultorxs, artistas, organizaciones de docentes, ambientales, entre otrxs sectores de la ciudadanía entrerriana. Nos proponen leyes para declarar “buenas y no peligrosas” las practicas con agrotóxicos, en vez de peligrosas o muy peligrosa por su simbiosis. Pretenden consolidar por ley un sistema de uso masivo de biocidas, sin control ambiental, sin registro ni prevencion de los impactos en la salud y el ambiente. Legislaciones de este tipo deben estar ajustadas a derecho ambientaly tener buenas practicas de gestion ambiental y tratamiento de residuos peligrosos, ademas contemplar alternativas a su uso y planes a mediano plazo de reduccion hasta la eliminacion de total del uso de biocidas.
Estamos transitando una etapa donde la participación amplia y los consensos en las decisiones políticas marcan una época, que reivindica una democracia donde la legitimidad de las decisiones está en las construcciones con las poblaciones afectadas. En este marco, al profundizar la matriz que propuso la dictadura, de regular y propiciar los agrotóxicos sin tener en cuenta la voz de la población, se degrada la democracia. Una propuesta legislativa que mientras estaba siendo accesible a legisladores, no estaba publicitada para el acceso a la población. Una propuesta que en vez de saldar y generar paz social, propone un modelo que profundiza los conflictos ya que la población rechaza que se siga fumigando. Una propuesta que con el discurso de “actualizar”, profundiza un modelo antidemocrático que legisló la dictadura”.
Ante esto, sostenemos que se debe frenar el tratamiento legislativo de este proyecto corporativo, que solo cuenta con el aval de un sector del campo, y que es el más agrotóxicos usa, que son los únicos beneficiadxs para seguir fumigando y enfermando. El consenso que deben respetar quienes legislan está en el rechazo a dicho proyecto, contando con diversos sectores de poblaciones que van del río Uruguay al Paraná. Tenemos una legislación que considera que fabricar churros es más peligroso que las fumigaciones. Eso resume la negligencia de una actividad que debería ser considerada peligrosa y ajustar a la ley general del ambiente. Fumigar con BPA es actividad peligrosa, no hay pruebas que demuestren lo contrario.
“El consenso se encuentra en quienes desde las amplias latitudes de la provincia, pedimos que se avance y actualice la normativa aberrante de la dictadura pero en dirección hacia una reducción hasta la eliminación del modelo basado en agrotóxicos, a la par del incentivo del modelo agroecológico.
Lxs diputadxs han escuchado la propuesta de nuestra coordinadora el año pasado, cuando presentamos los puntos para la transición, incentivo y fomento para la agroecología en la Cámara de Diputados.
El uso descontrolado de agroquimicos (el cual la provincia intentacontrolar con un total de 6 ispectores, sin equipamiento ni presupuesto ni voluntad política para hacerlo) es la principal causa de pérdidas y daños para las producciones agroecológicas, por los efectos de derivas de biocidas y la contaminacion de napas, mortandad de abejas y contaminacion de aire suelo y agua.
La agroecología no solo implica una mejora en la salud, el ambiente y la paz social, sino también la posibilidad de no depender del dólar para invertir en agricultura y poder exportar, trayendo divisas sin fugas. Apuntar a un modelo agroecológico es apuntar a un modelo de soberanía comercial y financiera, también. Es la posibilidad a que el campo vuelva ser la principal fuente de laboral, de arraigo y valor agregado. Y de generar alimentos sanos y suficientes para toda la población en este contexto de emergencia ambiental, de salud, de modelo productivo, de recesión económica, pandemia, hambre y pobreza extrema sin precedentes en nuestra provincia.
Peticionamos a lxs legisladores que vuelvan a trabajar sobre la base de una ley de transición planificada, donde el eje sea el cambio del modelo heredado de la dictadura a un modelo que abrace a las poblaciones y la democracia, que genere paz social, salud y arraigo rural.
Por esto, decimos:
Actualicen la ley de la dictadura con una ley de transición a la agroecología.
Declaren la actividad agropecuaria con utilización de agrotóxicos como actividad peligrosa
La transición implica poner plazos a la eliminación de las fumigaciones, con fuertes incentivos a la agroecología”.
Coordinadora por una Vida Sin Agrotóxicos en Entre Ríos, BASTA ES BASTA
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